¿Por qué nos preocupa el piloto de fracking?

Hace unos días otra de las noticias que a diario nos despiertan en Colombia, fue que las autoridades ambientales aprobaron uno de los proyectos piloto de fracking, sobre los cuales empresas petroleras vienen presionando desde hace varios años. El aprobado se llama Kalé y el otro que está a la espera, Platero. Los dos se encuentran en el municipio de Puerto Wilches, cercano a Barrancabermeja, en el departamento de Santander y donde está la refinería de petróleo más grande de Colombia. Aquí y aquí, encuentran más información sobre estos proyectos. 

El tema del fracking, como muchos lo sabemos es altamente controversial, no sólo en Colombia sino en el mundo. Francia, Alemania e Irlanda, lo han suspendido mediante figuras legales llamadas “moratoriums”, por considerarlo potencialmente peligroso para el medio ambiente y el bienestar humano. En Estados Unidos, por el contrario, como lo relata este artículo de The Guardian, casi dos tercios del gas utilizado en los hogares proviene del fracking. Sin embargo, los Estados en los cuales es practicado, han tenido episodios de sismos y contaminación de fuentes de agua subterráneas. Inglaterra practica también el fracking en algunas regiones, no sin reservas por parte de expertos científicos y climatólogos. 

En Colombia, el fracking no está permitido desde 2018, cuando  el Consejo de Estado suspendió el Decreto 3004, del 26 de diciembre del 2013, “Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”, y la Resolución 90341, del 27 de marzo del 2014, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, “Por la cual se establecen requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”. 

Los defensores del fracking en nuestro país, argumentan que la autosuficiencia energética de Colombia está llegando a un punto crítico y que nos quedan poco más de 6 años de extracción de petróleo y 9 años de extracción de gas para consumo de los hogares e industrias. Y que por eso es necesario apurarse con los pilotos. Así mismo, exponen que desarrollar la industria del fracking atraería más inversión extranjera, permitiría abrir todo un espectro de nuevos empleos con formación técnica avanzada en la industria de los hidrocarburos. Finalmente, que se generarían $2.400.000 millones de dólares para invertir en programas sociales y ambientales. 

Los detractores, plantean el poco conocimiento y certeza científica sobre los efectos del fracking en una geografía como la colombiana y se basan en los estudios realizados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, sobre los potenciales riesgos del fracking en el ciclo del agua potable. Por otro lado, están los riesgos sociales que corren todas aquellas comunidades y organizaciones que se oponen a grandes proyectos, como es usual en Colombia. 

El ejemplo claro de ello es que la comunidad de Puerto Wilches, que se vería involucrada en los pilotos, decidió interponer una tutela ante la decisión de autorizarlos, porque considera que se violó el derecho fundamental de la consulta previa, el cual es un requisito legal para llevar a cabo cualquier proyecto de gran envergadura en Colombia, que pueda tener un impacto fuerte en las comunidades de la zona en la que está proyectado. 

¿Cuál es nuestra postura al respecto? Sabemos que casi todo lo que utilizamos como civilización, no sólo la energía eléctrica, proviene del petróleo. Casi todas nuestras cosas desde un esfero, hasta las cremas, los champús, todo, tiene petróleo. Esto nos pone en una situación compleja porque hacer la transición hacia un modo de vida cero residuo, que implica modificar nuestro consumo de forma drástica, es una tarea de largo aliento que además, casi nadie conoce. Y por eso hacemos lo que hacemos en Latin Latas. Informar, inspirar, mover fibras y emociones para que las personas se cuestionen, investiguen, entiendan el contexto en el que se encuentran y tomen decisiones que los lleven a modificar sus hábitos de consumo. 

Lo cierto es que todos necesitamos cocinar, acceso a energía eléctrica, a movilidad (transporte privado o público) que dependen en el caso de Colombia, exclusivamente del sector de los hidrocarburos y las hidroeléctricas.[1] Sin embargo, las preocupaciones de las comunidades son legítimas, porque conocemos los riesgos a los que se enfrentan muchas de ellas defendiendo páramos, montañas, ríos y desiertos frente a mega proyectos que amenazan la biodiversidad y los ecosistemas. En nuestro país son muchas las variables en juego y sabemos que, en la mayoría de los casos, quienes deben pagar el precio de ver sus montañas, ríos, ciénagas y páramos morir, son comunidades vulnerables. Pero las consecuencias a largo plazo son para todos y todas. 

Por otro lado, nos preocupa, como lo seguiremos repitiendo hasta el cansancio, el cambio climático acelerado, causado en gran parte por un sistema energético y económico basado en los hidrocarburos. Uno de los argumentos a favor del fracking es que esta práctica permite disminuir la extracción de otras fuentes de energía como el carbón. Sin embargo, sabemos que las metas del COP26 no se han cumplido y que el esfuerzo que debemos hacer para poder seguir disfrutando de este planeta debe ser a escala mundial y sostenido. Nos preocupa que la transición mundial hacia otras fuentes de energía y hacia una desaceleración de nuestro consumo, no se haga a la velocidad que lo necesitamos, como lo ha recomendado el IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change – Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) y que sigamos pensando en sostener un sistema que a todas luces, ya está obsoleto. 

[1] No desconocemos los miles de colombianos y colombianas que no tienen acceso a ninguno de estos servicios, principalmente en zonas rurales y periferias de las ciudades.

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